Señales de alerta para docentes sobre vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolecentes

Desde el año 2020, el mundo vive en emergencia sanitaria a causa del covid-19, lo que ha llevado a tener que priorizar la educación remota y el aprendizaje a distancia, para continuar con el proceso educativo de niñas, niños y adolescentes, el cual ocurre ahora, principalmente, en el hogar.
En este contexto, viene siendo recurrente que el personal docente toma conocimiento de situaciones de vulneración de derechos de las/los estudiantes en su entorno familiar (víctimas de violencia, negligencia, falta de cuidado parental, entre otros).
Es importante recordar que el Decreto Supremo N.º 004-2018-MINEDU, que aprueba los Lineamientos
para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, en el numeral 8.3.2, señala, entre otros aspectos, lo siguiente:

• Ante la detección de situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes por parte de un familiar u otra
  persona que no pertenezca a una institución educativa, es responsabilidad del personal de la institución educativa informar inmediatamente al director o directora, para que este realice la denuncia ante la autoridad competente (Policía Nacional del Perú, Ministerio Público o Poder Judicial).

En ese sentido, con el objetivo de brindar mejores y mayores herramientas al personal docente en esta labor, les presentamos una serie de indicadores de riesgo de vulneración de derechos, que les permitirá identificar y reconocer situaciones que pueden estar afectando a niñas, niños y adolescentes en sus hogares.
Estos indicadores son señales de alerta que deben motivar al docente a estar atento/a a la conducta de sus estudiantes, así como también coordinar con el servicio local (Demuna). Asimismo, es importante ser responsable en el uso de estos indicadores, ya que pueden existir estudiantes que presenten alguno de estos indicadores y estar pasando por otro tipo de situación.
Recuerde, esta información es un primer paso que sirve para la identificación de estudiantes en riesgo y que motiva la intervención por parte de la institución educativa, con el fin de identificar oportunamente situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y actuar para su protección.

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